Informe de Comisión de Verificación de Derechos Humanos de mujeres Mayas

Informe de la Comisión de Verficación de Derechos Humanos de Mujeres Mayas El presente informe que presenta la Comisión de Verificación de Derechos Humanos de Mujeres Mayas (1), contiene principalmente aquellos hechos verificados durante la visita que se hiciera el día 14 octubre del 2014 en las comunidades Los Pajoques, Pilar I, Pilar II y Santa Fe Ocaña del municipio de San Juan Sacatepéquez, quienes en ese momento se encontraban en Estado de Prevención decretado por el gobierno de Otto
Pérez Molina.

En dicha visita se verificó una serie de derechos humanos que fueron violentados; el énfasis era verificar la situación de las mujeres indígenas, pero las mismas condiciones en que se encontraba la población se constató que la vulnerabilidad de los derechos inherentes a la persona también estaban afectando a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas de la tercera edad, por la presencia y abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, policía y ejército, en el lugar.

En el presente informe se presenta un informe detallado de la situación de estas comunidades en coyunturas en donde son suspendidos una serie de derechos y actividades propias de las y los comunitarios a partir de la observación y de los testimonios, en su mayoría de mujeres.

CONTEXTO

El actual Estado de Guatemala es producto del sistema colonial que a lo largo de la historia se ha estructurado mediante el racismo, clasismo y el patriarcado para justificar las diversas formas de violencia, trasgresión y exclusión hacia los Pueblos Indígenas, utilizando mecanismo de despojo de tierra, desplazamiento forzado, persecución, genocidios y represión por medio de la militarización, asimilación, explotación y uso excesivo de la fuerza policiaca. En este orden de ideas y tomando en cuenta que nuestro país está compuesto por diversas culturas las cuales tienen
diversas formas de vida, estas no han sido respetadas ni valoradas, por lo que hoy se ve reflejado en diversas demandas sociales que los Pueblos Indígenas realizan continuamente sin encontrar respuesta alguna y sin ser atendidas sus principales necesidades.  Ello porque además de ser un país de corte neocolonial también se fundamenta en los principios del neoliberalismo-capitalismo al cual no le interesa ningún tipo de diálogo, ya que sólo busca la acumulación de riquezas a través de la explotación de los bienes naturales y de la fuerza de trabajo de las mujeres y hombres, así como el despojo de tierras, propiciando con ello la acumulación de ésta en pocas manos.

La riqueza de los Pueblos Indígenas ha servido para fomentar la opulencia de pocos y aumentar la explotación y pobreza de los pueblos mediante prácticas políticoeconómicas que el Estado ha implementado, que han tenido como principal objetivo el despojo de los territorios, así como la explotación y extracción de los bienes naturales.

El territorio para los Pueblos Indígenas tiene un significado profundo, ya que no sólo comprende el espacio físico que se habita y los bienes naturales que ésta posee (ríos, lagos, montañas, entre otros), sino que además es parte de la espiritualidad, historia, cultura e identidad, lo que crea una relación de equilibrio, armonía y respeto con
todos los seres que habitan el territorio.

El sistema actual anula toda posibilidad de una vida digna, con índices elevados de desnutrición, pobreza y desigualdad, busca mejorar la calidad de vida a través de la implementación de la inversión extranjera, la industrialización, explotación y extracción de bienes naturales, pero para los Pueblos Indígenas esto ha significado la
mercantilización de la vida de la Madre Tierra y de los seres humanos. El Estado ha buscado extraer y explotar los bienes naturales mediante la implementación de megaproyectos (minería, hidroeléctricas, industrias extractivas, monocultivos, entre otros) que sólo benefician a la oligarquía nacional y extranjera.

Estas acciones que implementa el Estado guatemalteco viola el Derecho al Territorio que poseen los Pueblos Indígenas, el cual se encuentra regulado y protegido en normas de carácter nacional e internacional entre las que se puede destacar la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 67 el cual menciona “…Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular gozarán de protección especial del Estado…”; en el Convenio 169 de la OIT en su artículo 14 numeral 1 indica “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan… deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia…”,el artículo 6 de dicho convenio hace mención también que los gobiernos deben “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Dichos postulados se reafirman en la Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el cual menciona en su artículo 10, “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios”; el artículo 26 numeral 1 de dicha Declaración menciona “Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido”, seguidamente el artículo 30 indica claramente que, “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público o que se hayan acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.”

Queda claro que esta prohibición ha sido obviada por el Estado de Guatemala, utilizando las fuerzas de seguridad pública, militar y policiaca, como medios represivos para la implementación de megaproyectos y empresas extractivas, así mismo, la poca disposición de atender las demandas de los Pueblos y de respetar las Consultas Comunitarias que se han realizado en los distintos territorios afectados por las empresas extractivas y megaproyectos. Todo ello ha generado conflictividad en los últimos años en varias regiones del país por la autorización excesiva de licencias mineras e hidroeléctricas que afectan a territorios no sólo Indígenas sino también a territorios de la población Mestiza o Ladina.

Según estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, hasta el 2 abril de 2014 existía un total de 65 licencias de exploración minera y un total de 280 licencias de explotación minera, así mismo un total de 448 solicitudes de licencias de exploración y 138 solicitud de licencias de explotación que se encuentran en trámite, las cuales tienen como finalidad la extracción y explotación de materiales de construcción, minerales metálicos y minerales no metálicos.

Ante este panorama la protesta social derivada de la inconformidad y el desacuerdo de las comunidades indígenas afectadas ha sido tratada mediante mecanismos de represión y violencia generados desde el propio Estado, quien juega un papel de protector de intereses del sistema neoliberal-capitalista, criminalizando y persiguiendo a lideresas y líderes comunitarios, vedando el derecho legítimo de manifestación contra las injusticias y la destrucción de la Madre Tierra, acentuando la conflictividad porque estos actos de las comunidades son señalados como terrorismo.

El uso excesivo de Estados de Sitio y Estados de Prevención impone un sistema de muerte, lo que recuerda los mecanismos utilizados en el conflicto armado, pero ahora implementados por gobiernos civiles y democráticos.  Tan solo en los dos últimos gobiernos se han decretado alrededor de dos Estados de Sitio siendo los lugares afectados Santa Cruz Barillas, así como municipios de los 4 departamentos de Santa Rosa y Jalapa (2). Al mismo tiempo se han decretado múltiples Estados de Prevención afectando a los municipios de los departamentos de Santa Rosa y Jalapa pero principalmente a los municipios de San Marcos y a las comunidades de San Juan Sacatepéquez; todos estos territorios afectados por la implantación de proyectos extractivos.

Estos mecanismo de opresión afectan principalmente a la niñez, juventud, mujeres y personas de la tercera edad de los Pueblos Indígenas, debido que al encontrarse ante un sistema racista, clasista y patriarcal, en un país con marcos institucionales y legislativos débiles, donde predomina la corrupción, se ve aumentado el número de abusos y violencia en contra de estos sectores poblacionales. Es por ello que en las diversas regiones en donde se encuentran los conflictos sociales son estos sectores quienes se ven afectados y se encuentran con altos índices de vulnerabilidad a sus derechos, esta problemática se agrava cuando se pertenece a un pueblo indígena.

En el caso de las mujeres, en especial las mujeres indígenas, históricamente se han encontrado bajo opresión, exclusión, racismo, violencia física, sexual y psicológica, así como en condiciones de desigualdad económica, social y política, lo que ha imposibilitado gozar de derechos que le son inherentes.

Según las estadísticas del INE hasta el 2012 las mujeres constituían el 51% de la población, de las cuales el 40% se identifica como indígena. A pesar de que las mujeres constituyen más de la mitad de la población, poseen los más bajos índices de calidad de vida y son quienes sufren más violencia, hasta el 2012 existía un total de 573 denuncias de homicidios perpetrados en contra de mujeres; 1,998 delitos contra la libertad; y 821 casos de violación, quienes se principalmente ven afectadas son las mujeres jóvenes y particularmente mujeres que se encuentran en zonas de conflictividad social producido por las empresas extractivas. Las estadísticas oficiales no muestran la violencia cometida contra mujeres indígenas, se sabe que son las más afectadas debido a que Guatemala tiene población mayoritariamente indígena; esto demuestra que las mujeres indígenas son invisibilizadas en los datos estadísticos
nacionales.

Toda esta violencia, como bien lo menciona en su informe la Relatora Especial de las Naciones Unidas Yakin Ertürk, “… guarda relación con el lugar que ocupa (la mujer) en los múltiples sistemas de desigualdad y muestra una tendencia a aumentar en los puntos de convergencia de esos sistemas, creando capas de discriminación y exclusión de diferentes grupos de mujeres…”. Con lo anterior y ante las diferentes problemáticas actuales que afectan el país, las mujeres indígenas son las más vulnerables ante la violación de derechos humanos, dicha vulnerabilidad aumenta si ésta ejerce un posicionamiento o liderazgo contrario a los intereses de los grupos de poder
dominantes en Guatemala.

(1) La Comisión de Verificación de Derechos Humanos de Mujeres Mayas está conformada por: Coordinadora
Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), Asociación Grupo Integral de Mujeres San Juaneras (AGIMS), Asociación Maya Ukux B’e, Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’, Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA), Asociación Política de Mujeres MOLOJ, Movimiento de Jóvenes Mayas (MOJOMAYAS), Ixkik´ Komon, Vía Campesina Guatemala, Asociación K´amalb´e, y Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej.

(2) Decreto 001-2012 el cual declara Estado se sitio en Santa Cruz Barillas, municipio de Huhuetenango. Decreto 006-2013 que declara estado de sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla del departamento de Jalapa, así como en los municipios de Casillas y San Rafael las Flores del Departamento de Santa Rosa.

(3) Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2012.

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